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Violencia de género, riesgo y víctimas mortales



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A pesar de las dudas sembradas por algunos sectores de una clase política, cada vez más auto degradada ante los ojos de la ciudadanía que les otorga su confianza, la violencia de género es una realidad.

Nos surgen dudas sobre si los políticos que se suben al carro del antifeminismo militante, lo hacen por interés electoral (por aquello del “Pan y Circo”), por sincera ignorancia o por simple maldad interesada a sabiendas de que las falacias que escupen en sus arengas a sus entregados prosélitos, sigue provocando muertes de mujeres totalmente ajenas a las mezquindades del poder.

¿Les parece contundente la introducción a la reflexión de hoy? Desde amplia-mente.com no lo creemos si nos ceñimos al Informe sobre víctimas mortales de la Violencia de Género en el ámbito de la pareja o ex pareja en los años 2016 a 2018, publicado muy recientemente por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en España, órgano creado en el año 2002 e integrado por el Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejos Generales de la Abogacía Española y Procuradores de España, Ministerios de Justicia, Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de Interior y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Justicia.

En el informe publicado, aparecen números que posiblemente serán utilizados a su antojo por nuestra indefinible clase política, mas preocupada en conservar escaños y los privilegios que ello conlleva, que en hacer política y en salvar vidas. Según la estadística publicada, en el trienio estudiado se han producido 151 feminicidios, que son 18 menos que en el trienio anterior. Unos dirán que son buenísimos gestores por haber disminuido el número de muertes, otros dirán que no es necesario un trato especial a la violencia de género por ser un número que ellos consideran bajo frente a otros tipos de violencia.

Pero todos esos políticos vuelven al calor del hogar mientras que todas y cada una de las 151 mujeres muertas, no lo harán, con el consiguiente drama social que se gesta en el entorno de las víctimas cada vez que se produce una de estas muertes.

151 muertes, son una disminución del 11,2% respecto al trienio anterior, y esa disminución es ridícula e insignificante pues mantiene una media anual escandalosamente alta.

151 muertes son muchas. Sobran 151.

El estudio muestra amplia información sobre números totales, perfiles de víctima y agresor, tipo de relaciones existentes, nacionalidades, menores huérfanos, circunstancias de la agresión con resultado de muerte y sobre todo un dato escalofriante, que no es otro que el 30,5% de las mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas habían denunciado previamente.

Si malo es que mueran mujeres que no habían denunciado previamente, casi peor es que aquellas que hayan pedido ayuda, no hayan sido correctamente protegidas.

¿Culpa de los profesionales? Pensamos que no. El tópico de la falta de medios, en este tipo de ámbitos es algo mas que un tópico y constituye una autentica y dolorosa realidad. El pasado mes de julio, se publicaba en Diario Médico (requiere registro) el artículo La valoración de riesgo en violencia de género prescinde del forense. En el subtítulo del artículo, consta: “Ni jueces ni fiscales solicitan informes urgentes a los forenses para fijar las primeras medidas cautelares en casos de denuncia de mujeres, a pesar de admitir la dificultad de hacer una prognosis sobre la conducta futura del presunto agresor y la utilidad de ese informe forense de urgencia”.

La magistrada entrevistada en el artículo enlazado, reconoce que respecto a estos informes “sería lo deseable, pero los forenses trabajan sin medios, no dan a basto”.

Es cierto. Los informes forenses de riesgo, deberían ser imprescindibles.

Pero dicho esto, debemos decir que los forenses somos profesionales que dominan las Ciencias de la Salud, no las artes adivinatorias. Es inconcebible que en pleno siglo XXI, no se tenga un acceso total a las historias clínicas electrónicas de la sanidad pública y privada. A día de hoy, sería un acceso fácil desde el punto de vista técnico, pues todos los sistemas de almacenamiento de datos médicos se encuentran alojados en servidores a los que es posible acceder telemáticamente desde donde la Administración decida.

El problema es que los responsables de las Administraciones pertinentes, no consideran necesario este tipo de accesos. En Andalucía, por comentar una situación que desde amplia-mente.com conocemos bien, los forenses tenemos un acceso muy parcial al Sistema DIRAYA, de modo que si tenemos que valorar algún tipo de asunto con cierta urgencia, tenemos que esperar que la persona a informar aporte su tarjeta de asistencia sanitaria y en el mejor de los casos tendremos un acceso bastante parcial, con lo que pudiese pasar que no estemos valorando la totalidad de las circunstancias de salud de esa persona y por tanto haciendo un informe sesgado porque “alguien” no considera necesario nuestro acceso a la información médica de esa presunta víctima. No existe unanimidad respecto a los distintos Institutos de Medicina Legal, por lo que el acceso es mas o menos parcial según desde donde se estudien los casos. ¿Tienen determinadas víctimas menos derecho a un informe completo según la localización geográfica desde donde se produzca la denuncia? La simple formulación de la pregunta resulta vergonzosa. Si hablamos de mujeres que han sido asistidas en sanidad privada, tendremos todavía mas oscuridad. Ahí dependeremos de que una víctima en un lábil estado emocional pida la documentación médica y que la entidad médica privada se la quiera dar. En la mayoría de los casos hay que solicitar que sean los jueces los que ordenen la entrega de los historiales médicos y desde luego, todo este proceso dura mas de esas 72 horas que se consideran el plazo máximo en que debería tenerse listo el informe forense de riesgo.

¿Que queremos decir con todo este asunto? Queremos decir que por muy bien que se hagan las cosas desde la Atención Primaria, si aquellos facultativos que han de valorar la información recabada no pueden obtenerla, no podremos proteger a esas mujeres de una manera eficiente.

Y siguen existiendo responsables que no consideran necesario este acceso.

Tengan un buen fin de semana.

El artículo no será traducido al inglés al tratarse de una reflexión estrictamente ceñida a las circunstancias españolas.

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